A finales del mes de septiembre el IRA anunció su desarme completo, noticia que fue recibida con optimismo por parte de numerosos políticos y observadores tanto en el Reino Unido como en España. Sin embargo, la forma en que se realizó la entrega de armas planteaba serios interrogantes en torno a un proceso como el norirlandés que cada vez es contemplado con mayor interés por amplios sectores políticos y sociales en nuestro país. La perspectiva comparada es particularmente útil a propósito de la polémica suscitada por la negativa del nacionalismo institucional vasco a constituir una ponencia de víctimas del terrorismo que cuente con el apoyo de quienes han padecido la violencia del grupo terrorista ETA. Curiosamente, bajo sucesos como los referidos se aprecia una relevante coincidencia, pues en uno y otro contexto lo que se dirime es algo tan decisivo como la deslegitimación de quienes a través del terrorismo han despreciado la democracia y la dignidad humana durante décadas.

A lo largo de los años en los que el IRA y ETA han mantenido sus campañas terroristas, la búsqueda de la legitimación de sus acciones ha sido una constante. Afortunadamente estos grupos terroristas no han logrado que una mayoría de las sociedades vasca y norirlandesa legitimara dicho terrorismo. Ése es uno de los motivos por el que sus ciclos vitales han alcanzado un declive que les llevó a declarar el cese de sus actividades, siendo la decadencia de ETA evidente todavía a pesar de la ruptura de su tregua. En este periodo ambos grupos terroristas han persistido en buscar una legitimación que algunos sectores se muestran partidarios de otorgarles a cambio de una declaración formal o tácita de cese de sus acciones. Tanto el IRA como ETA, en contextos de grave debilidad, han aprovechado esta disposición de sectores políticos y sociales con positivos resultados. Lo han hecho afianzando una peligrosa dinámica consistente en propugnar lo que han denominado como procesos de paz en los cuales se intenta que los grupos terroristas y los partidos que los representan obtengan la legitimidad que previamente fueron incapaces de lograr. Es por ello por lo que estos procesos, valiéndose de un engañoso lenguaje que busca el respaldo mayoritario de sociedades ansiosas de paz, pueden llegar a convertirse en instrumentos con los que contrarrestar eficaces políticas antiterroristas responsables de la referida deslegitimación del terrorismo. La paz así entendida se convierte en un mero espectáculo en el que lo importante no es una verdadera pacificación, normalización y reconciliación, sino la proyección pública de que se asiste a un proceso histórico. De ese modo, se escenifican actos que permitan que el llamado proceso de paz se mueva aunque sea en contra de una auténtica paz, como demuestra la forma en la que se ha acometido el desarme del IRA.

Al contrario de lo que muchos observadores han defendido, el desarme de la organización terrorista y la metodología con la que debía acometerse eran vitales. Tres fueron los gestos de desarme que precedieron al último acontecido en septiembre. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. Así se desprende de las palabras del propio Martin McGuinness cuando, en vísperas del desarme acometido en octubre de 2003, reconocía que los anteriores actos no se habían llevado a cabo en condiciones «convincentes», de ahí que admitiera la necesidad de «transparencia» para que los pasos del IRA no causaran «decepción». El propio general canadiense John De Chastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayó también que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, a menos que el desarme fuera «visible», se dudaría de las buenas intenciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas convertirían en ineficaz el desarme. A pesar de ello, en octubre de 2003 y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La única diferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como se había reclamado previamente. Sin embargo, esta única distinción resultaba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas.

Dichos religiosos no eran los que los unionistas habían propuesto, sino otros que sustituyeron a los que el IRA había rechazado. El recambio católico era particularmente desafortunado, al tratarse del padre Alec Reid. Esta figura, presentada en Irlanda del Norte y el País Vasco como un generoso pacificador, carece de la confianza necesaria entre la comunidad unionista al haber sido su objetivo durante años la constitución de un frente pan-nacionalista en el que los partidos nacionalistas no violentos se coaligaran con quienes han defendido el terrorismo. De ese modo, ha insistido Reid, los grupos terroristas cesarían en su violencia, ahora bien, a cambio de una peligrosa legitimación que haría que la debilidad de dichas organizaciones y de sus brazos políticos se transformara en fortaleza. Lógico es por tanto que el unionismo desconfíe de quien ha defendido para el IRA algo que también parece propugnar para ETA: que las organizaciones terroristas obtengan una vez cesen sus campañas, aquello que no pudieron conseguir a causa de las mismas, pero que en ese escenario lograrían precisamente como consecuencia de su terrorismo. En otras palabras, mediante tan sutil mecanismo de coacción y manipulación el terrorismo resultaría finalmente eficaz a pesar de la presentación pública de lo contrario.

Si a ello le sumamos las brutales declaraciones de Reid equiparando a los unionistas con los nazis, lógica resulta la falta de credibilidad del religioso entre la comunidad víctima de la violencia del IRA. Las críticas de los unionistas al método de desarme han sido ignoradas en gran medida exponiendo contradicciones en la política británica que benefician al IRA y a Sinn Fein, al concederles esa legitimidad antes negada. Así se desprende de la declaración de De Chastelain al anunciar que el decomiso careció de la «transparencia» requerida, extremo que, según él, debía aceptarse porque «el IRA dijo que no iba a suceder», ya que el grupo no admitiría que el desarme sirviera para transmitir una imagen de «humillación» o «culpa». Se asumía por tanto como realista el planteamiento de una organización terrorista que además obtenía a cambio la promesa de que las personas con causas pendientes en busca y captura podrían regresar a sus hogares con total impunidad. Las declaraciones de Peter Hain, ministro británico para Irlanda del Norte, son especialmente alarmantes al asegurar que esta medida es «dolorosa» para las víctimas pero «necesaria para cerrar la puerta de la violencia».

Semejante escenario seduce a muchos en nuestro país, ansiosos de impulsar un proceso de paz del que constantemente se habla ya. Se insiste en que dicho proceso no permitirá a ETA extraer precio político alguno, sino que simplemente constatará su derrota. Sin embargo, razonables resultan las dudas al respecto cuando se intenta instalar en la opinión pública la necesidad de que la paz sólo llegará si se acepta la excarcelación anticipada de los presos etarras, el arrinconamiento de las causas pendientes u otros gestos gubernamentales ?de distensión? tras una declaración pública de tregua por parte de ETA. En este sentido, reveladoras y preocupantes resultaban las palabras del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, al afirmar hace unos meses que «el bien superior de la paz se merece que todos recortemos incluso nuestras legítimas aspiraciones», de ahí que en su opinión «ningún interés partidista, ningún agravio del pasado y presente, ninguna demostración de violencia deban obstruir el camino hacia la paz».

Esa lógica podría implicar que las víctimas de la violencia etarra acepten hoy el insulto que desde el Parlamento vasco se profiere hacia ellas al crear una ponencia en la que se omite el término terrorismo, pues hay quienes, alterando los referentes morales y políticos básicos, entienden que así se contribuye a la paz y a la reconciliación. Esa misma lógica conduce a que las concesiones a ETA que hoy parecen inadmisibles, sean en el futuro interpretadas como aconsejables con el fin de que el proceso de paz avance. Se ignora así que cualquier legitimación de ETA, por mínima que sea, constituye una deslegitimación de la democracia y de sus víctimas que concede sentido al terrorismo. El pragmatismo al que se alude para justificar semejante actitud no parece tal si observamos cómo en Irlanda del Norte esa misma estrategia ha generado una profunda polarización política y social. Por tanto, y como la experiencia norirlandesa demuestra, se corre el peligro de que la sociedad sea tomada como rehén por un proceso de paz que algunos desean que progrese a costa de una paz justa y verdadera, y en contra de quienes más la merecen: las víctimas del terrorismo.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)

Rogelio Alonso. El Correo, 13/11/2005